La intersección entre la inteligencia artificial (IA) y el derecho se encuentra en un momento crítico, en tanto que reguladores europeos intentan encontrar una solución sostenible para un sector en rápido desarrollo. El reciente Informe de Competitividad de la Unión Europea (UE), publicado en septiembre de 2024, resalta la necesidad de revisar el próximo presupuesto del bloque para que las regulaciones no obstaculicen el futuro prometido por la IA.
El informe, que contó con la presentación de Mario Draghi, pone de manifiesto las amenazas de un crecimiento económico lento y una burocracia excesiva que podrían asfixiar la innovación y el bienestar social en Europa. Draghi exhorta al bloque a adoptar políticas tanto sectoriales como horizontales para mantenerse competitivo frente a potencias como Estados Unidos y China. Propone una inversión masiva de entre 750 y 800 mil millones de euros, combinando fondos públicos y privados, que equivaldría al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la UE. De esta cantidad, 450 mil millones estarían destinados a la transición energética, además de sugerir reformas en las leyes de competencia para facilitar fusiones entre empresas europeas, reacciones a bloqueos anteriores como el de Siemens y Alstom en 2019.
No obstante, estas recomendaciones no se pondrán en marcha con solo la presentación de Draghi al Consejo Europeo informal. El próximo enero, cuando el presidente electo Donald Trump asuma funciones, las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual ya comenzarán a delinear el presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034.
Europa se enfrenta a una presión internacional creciente para liderar en el ámbito de la IA, mientras intenta avanzar en el entendimiento ético de la tecnología. Aunque cuenta con fortalezas en computación de altas prestaciones, su modelo industrial es más robusto en tecnologías ya establecidas y menos en software y servicios informáticos. Este desfase se refleja en que solo el 7% del gasto en I+D proviene de empresas europeas, en comparación con el 71% de EE.UU. y el 15% de China.
Pese a esta desventaja, Europa ha progresado en infraestructura pública, destacando con el proyecto Euro-HPC, que ha mejorado la capacidad computacional del continente. La iniciativa prevé el lanzamiento de dos supercomputadoras de exaescala que otorgarán un poderoso impulso a startups de IA, siendo un paso esencial para que las empresas puedan escalar sus operaciones tecnológicas.
En cuanto a la adopción de la IA, solo el 11% de las empresas del bloque la utilizan actualmente, frente a un ambicioso objetivo del 75% para 2030. La falta de capital de riesgo es un obstáculo significativo que afecta la competitividad. En 2023, la inversión de capital de riesgo en la UE fue de apenas 8 mil millones de dólares, comparada con los 68 mil millones de EE.UU. y 15 mil millones de China. Esto obliga a las startups europeas a recurrir a financiación fuera de la región.
El Acta de IA de la UE, aprobada en marzo de 2024, establece regulaciones clasificando los sistemas de IA según diversos niveles de riesgo, aunque no se sabrá su impacto real hasta 2026, cuando se completen los periodos de transición para sistemas de alto riesgo.
El camino hacia una mayor competitividad en IA para Europa necesita un cuidadoso balance entre financiamiento y reformas en las leyes de competencia. La inflación elevada podría provocar colusiones tácitas, mientras que la inercia de los consumidores puede llevar a una competencia desleal. Aunque el Acta de IA es un esfuerzo notable para abordar esta compleja tecnología, la tendencia de Europa a quedarse rezagada podría disminuir su cuota de mercado frente a rivales internacionales.
