El Gobierno de Colombia ha decretado un estado de emergencia económica debido a las intensas lluvias que han azotado el país, causando inundaciones masivas y grandes daños en la infraestructura de ocho departamentos del Caribe colombiano. A través del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, se ha oficializado la emergencia en las regiones de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, permitiendo al presidente Gustavo Petro recurrir a facultades constitucionales extraordinarias para gestionar la crisis. Con una duración inicial de 30 días, el decreto facilita la adopción de medidas mediante decretos legislativos y autoriza operaciones presupuestales necesarias para mitigar los efectos del desastre. Esta declaración responde a un evento hidrometeorológico excepcional, caracterizado por lluvias extremadamente intensas y un anómalo frente frío que ha desplazado patrones climáticos históricos en el Caribe.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el evento ha dejado más de 252,000 personas afectadas y ha provocado la muerte de 10 personas, además de daños significativos a viviendas, vías, puentes y centros de salud. En respuesta a la magnitud del desastre, el Gobierno colombiano ha propuesto un impuesto al patrimonio de personas jurídicas para recaudar cerca de 8 billones de pesos, destinados a la recuperación de las zonas afectadas. Esta medida económica se presenta en un contexto de deterioro fiscal complicado, con un aumento en la meta de déficit fiscal para 2025 y recortes en la calificación soberana del país por parte de agencias internacionales. La emergencia económica busca no solo atender la crisis inmediata sino también impulsar medidas estructurales para evitar futuras vulnerabilidades.
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