En los últimos años, el sistema de bajas laborales en España ha experimentado un fenómeno de crecimiento sostenido que plantea nuevos desafíos para la economía y la organización empresarial. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), entre 2017 y 2024 las bajas médicas aumentaron en un 60%, con un incremento particularmente notorio en los episodios de corta duración. De hecho, en 2024, el 65% de los casos de incapacidad temporal tuvieron una duración inferior a 15 días, evidenciando una tendencia al alza en las bajas breves.
Este incremento no solo refleja cambios en la demanda asistencial, sino también en la normativa que ha ampliado derechos y protección económica para los trabajadores. La tendencia a la proliferación de bajas cortas se ha multiplicado, con un aumento del 141% en episodios de menos de tres días en el período analizado. La causa principal se relaciona con varios factores: la reestructuración del sistema tras la pandemia, el deterioro en las listas de espera del sistema de salud pública, y el aumento de patologías como trastornos mentales y afecciones musculoesqueléticas.
Desde una perspectiva legislativa, la estructura actual sitúa a las empresas en el centro del impacto económico de estas bajas. La normativa vigente establece que durante los primeros tres días de incapacidad, el trabajador no recibe prestación alguna. Desde el cuarto día hasta el día 15, la responsabilidad de pago recae en la empresa, y a partir del día 16, la carga pasa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a la mutua colaboradora correspondiente. Ello implica que las compañías asumen tanto el coste directo de las prestaciones como los gastos indirectos relacionados con reorganización de tareas, coberturas temporales y disminución de productividad.
A pesar de que estas bajas breves no generan un gasto inmediato para la Administración Pública, el informe de la Airef subraya que trasladan los costos económicos y organizativos a las empresas, especialmente en sectores con alta rotación o en grandes corporaciones. La gestión de estas incapacidades se vuelve cada vez más compleja, ya que entre 2017 y 2024, las bajas de menos de tres días crecieron en un 141%, y el promedio de días de incapacidad aumentó de 40 a casi 46 días.
El crecimiento en la incidencia de bajas cortas también responde a cambios normativos que han garantizado mayor protección y flexibilidad, incentivando la aparición de más episodios en las empresas. La prociclicidad de la incapacidad temporal, que tiende a aumentar en períodos de bonanza económica y disminuir en recesiones, refuerza esta dinámica. En fases económicas positivas, las empresas y los trabajadores muestran mayor propensión a solicitar bajas, aprovechando las garantías y derechos amplificados en los últimos años.
Las estadísticas revelan que un pequeño grupo de trabajadores concentra la mayor parte de las bajas; el 25% de ellos acumula el 55% de los episodios, y el porcentaje de empleados que repiten baja en un mismo año aumentó del 23% en 2017 al 31,8% en 2024. Este patrón de reiteración, junto con la concentración en enfermedades infecciosas, respiratorias y digestivas, plantea desafíos adicionales para el control y la gestión de las ausencias, dado que estos procesos representan buena parte del total de episodios cortos.
Expertos y organismos responsables han destacado la necesidad de fortalecer los sistemas de información y cooperación entre las instituciones sanitarias y laborales. La interoperabilidad entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas y las empresas permitiría una trazabilidad más eficaz de los episodios, identificación de patrones anómalos y acciones preventivas dirigidas a los colectivos más afectados por la repetición de bajas.
Asimismo, se propone reforzar la colaboración entre médicos de atención primaria y el INSS, facilitando información sobre las condiciones laborales del trabajador para ajustar diagnósticos y decisiones clínicas que consideren las posibilidades reales de adaptación de los puestos de trabajo. La finalidad es reducir las reincidencias y optimizar los recursos, minimizando el impacto en la productividad y competitividad de las empresas.
Ante este panorama, resulta claro que las bajas laborales cortas no sólo reflejan una realidad sanitaria y laboral cambiante, sino que también exigen una revisión integral del sistema para hacer frente a sus implicaciones económicas y organizativas. La clave está en implementar mecanismos de control más eficaces, promover una mayor coordinación interinstitucional y potenciar planes de prevención y gestión de riesgos laborales, pilares fundamentales para reducir la proliferación de episodios breves y su impacto en la economía y el tejido empresarial.
