En México, la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum está generando un intenso debate político, al alterar el statu quo establecido a lo largo de décadas de transformación electoral. Heredera de un sistema que se consolidó tras las crisis de legitimidad en el antiguo régimen priista, la reforma de Sheinbaum busca reducir el Senado en un 25%, recortar el presupuesto electoral, y vincular más estrechamente los votos de lista con el esfuerzo de campaña de los candidatos. Sin embargo, la medida ha suscitado críticas de aliados y opositores que temen un retroceso en la pluralidad y equidad de las elecciones, entre ellos el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que hasta ahora han sido aliados de Morena pero que han manifestado su desacuerdo con algunos aspectos de la propuesta.

La polémica reforma no solo enfrenta a Sheinbaum con aliados políticos, sino que también desafía a las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya presidenta ha criticado la eliminación del PREP, un sistema clave para la transparencia en el conteo de votos. Contextualizado en un país donde cada proceso electoral ha sido una lucha por fortalecer la democracia, las reformas no solo amenazan con disminuir la diversidad ideológica del Congreso, sino que también cuestionan la capacidad de México para mantener elecciones libres y justas. Al ignorar las advertencias de expertos y avanzar sin un consenso amplio, Sheinbaum arriesga no solo la cohesión de su coalición gobernante, sino también la legitimidad de las futuras elecciones en un sistema donde la certeza y la transparencia son vitales para la estabilidad democrática.

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