El conflicto en Oriente Medio ha reavivado los temores de un impacto económico global que podría traducirse en un aumento de la inflación y en una mayor presión sobre la economía española. Según un análisis de CaixaBank, las principales vías de afectación se concentran en tres canales: el encarecimiento de la energía, una posible ralentización de la demanda externa y un endurecimiento de las condiciones financieras debido a la volatilidad en los mercados.

El incremento en los precios del petróleo y el gas natural, impulsado por la tensión en la región, amenaza con disparar la inflación en España. Un aumento del 10% en el precio del Brent puede suponer un alza de aproximadamente 0,2 puntos porcentuales en el índice de precios, mientras que un incremento similar en el gas equivale a unos 0,05 puntos adicionales. Si el precio del petróleo alcanzara los 85 dólares por barril y el gas los 55 euros, las estimaciones indican que el efecto combinado podría sumar hasta un punto porcentual a la inflación para este año, que actualmente se sitúa en torno al 2,4%. No obstante, las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno en marzo, por un valor cercano a 5.000 millones de euros, buscan mitigar este impacto, especialmente dirigido a sectores como transporte, agricultura y ganadería.

El traslado de los aumentos energéticos a los precios de los productos y servicios tiene efectos inmediatos en los carburantes y en la factura eléctrica, debido a la influencia del gas en la generación de electricidad. Sin embargo, el impacto indirecto, que afecta a una gama más amplia de bienes y servicios, se desarrolla con mayor lentitud, generalmente con un desfase de unos nueve meses, como se ha visto en episodios anteriores. La persistencia del encarecimiento energético y la evolución de las ayudas fiscales determinarán en gran medida la magnitud final de esta repercusión.

En el contexto español, la exposición directa a los países del Golfo Pérsico es limitada, representando solo un 2% del comercio exterior en 2025 y un 0,7% del PIB. Incluso en escenarios adversos, como la reducción a la mitad de las exportaciones tras la crisis entre Rusia y Ucrania, el impacto en el crecimiento del PIB sería moderado, en torno a unas 0,15 décimas. Sin embargo, la mayor preocupación ahora radica en la evolución de los mercados internacionales y la incertidumbre financiera, que influyen en las decisiones de inversión y gasto tanto de empresas como de hogares. Un aumento en la incertidumbre medido por el Banco de España puede disminuir el crecimiento en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales, aunque la situación actual todavía está lejos de niveles críticos.

Para afrontar estos desafíos, el Gobierno de España ha puesto en marcha un ambicioso plan de respuesta. Desde el 22 de marzo, se han implementado medidas fiscales que incluyen una reducción del IVA en carburantes y electricidad, disminución del impuesto especial de hidrocarburos, suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica, así como bonificaciones y ayudas para sectores especialmente afectados. La inversión inicial prevista es de unos 5.000 millones de euros, destinados a proteger a las familias, pequeñas y medianas empresas y sectores productivos vulnerables.

El plan también contempla acciones dirigidas a aliviar la factura energética de los hogares y reducir el impacto en la economía en general. Sin embargo, la duración y efectividad de estas medidas dependerán de la duración de la crisis. En un escenario optimista, una resolución rápida del conflicto limitaría los daños económicos y evitaría una escalada significativa en los precios energéticos. En un escenario más adverso, persistirá la inestabilidad y el alza de los costes de producción, lo que podría prolongar las medidas fiscales y generar una inflación superior al 3% proyectado.

Mientras tanto, el conflicto en Oriente Medio sigue siendo una fuente de incertidumbre que, de mantenerse, podría extender sus efectos durante meses, afectando no solo a la energía, sino también a los mercados financieros y a las expectativas económicas. La capacidad del Gobierno para adaptarse a estos cambios será clave para minimizar los daños y proteger la recuperación económica en un contexto global cada vez más incierto.