En el inicio de la administración de Trump, una serie de decretos ejecutivos ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por su presunta inconstitucionalidad. Estas medidas, que han comenzado a provocar serias repercusiones, impactan de manera particular los derechos digitales globales. Entre las disposiciones más alarmantes está la enfocada en la restricción de herramientas que garantizan la libertad y la seguridad en línea para millones de usuarios alrededor del mundo.
El decreto titulado «Reevaluación y Realineación de la Ayuda Exterior de los Estados Unidos» ha instado al Departamento de Estado a suspender inmediatamente sus apoyos financieros a innumerables organizaciones, tanto a nivel nacional como global. Dichas organizaciones, hasta ahora beneficiadas por los programas del Departamento de Estado, han sido fundamentales en el desarrollo de tecnologías que promueven la libertad en línea mediante el uso de criptografía y combate a la censura. Además, estas tecnologías han jugado un papel relevante en la protección de la libertad de expresión y la privacidad de millones.
A pesar de que se han contemplado ciertas excepciones por parte del Departamento, estas no parecen abarcar las tecnologías libres de Internet. Esta situación ha conducido a que proyectos vitales cesen o reduzcan significativamente su funcionamiento, lo que ha llevado a despidos y a una interrupción en el desarrollo de herramientas indispensables para contrarrestar la censura.
Entre los proyectos más afectados se encuentran iniciativas de notable importancia como el Proyecto Tor, que facilita la navegación segura y anónima en Internet; el Guardian Project, dedicado a desarrollar herramientas de privacidad; y el Observatorio Abierto de Interferencia en Redes (OONI), que monitorea la censura en la red a nivel internacional. También figura la aplicación Save de Open Archive, diseñada para permitir el archivado seguro de medios digitales por parte de sus usuarios.
La comunidad digital espera que esta interrupción en el apoyo se trate únicamente de un error temporal, con la esperanza de que los fondos se restablezcan para continuar el desarrollo de estas cruciales herramientas. Dichas tecnologías son esenciales para individuos en países con altos niveles de censura como Irán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte y China, sirviendo como un recurso para evitar la censura, proteger la libertad de expresión, documentar violaciones a los derechos humanos, y mantener la privacidad y el anonimato en situaciones donde estas características pueden ser una cuestión de vida o muerte.
El financiamiento del gobierno estadounidense es un pilar fundamental para que estas organizaciones continúen con la ardua tarea de desarrollar y sostener herramientas técnicas complejas. La funcionalidad y efectividad de estas herramientas dependen del respaldo continuo de profesionales dedicados y talentosos.
Es difícil comprender cómo este tipo de iniciativas no serían una prioridad para el gobierno de Estados Unidos bajo cualquier administración, especialmente para una que pretenda reafirmar su compromiso con la lucha contra la censura y el apoyo a tecnologías digitales. Por ello, se solicita decididamente a la nueva administración que restaure el apoyo a estas herramientas críticas para la libertad en la red.
