El nuevo Real Decreto de Envases ha introducido una serie de normativas que sitúan nuevas responsabilidades financieras sobre las empresas, provocando preocupación en sectores como el metalúrgico. En un intento de clarificar los cambios y sus implicaciones, expertas del sector fueron invitadas al programa «Metal Empresarial», transmitido por Capital Radio. Entre las invitadas se encontraban Marta Carnero, coordinadora de medio ambiente y sostenibilidad de AECIM; Patricia Herrero, directora técnica de Ecolum; y Sonia Fernández, técnica de Medio Ambiente en Varosa.
El propósito principal de esta nueva regulación es la reducción de residuos y el fomento del reciclaje, lo cual ha sido un reto significativo para la mayoría de las empresas, particularmente para aquellas pertenecientes al sector del metal. Marta Carnero subrayó que uno de los cambios más destacables es la obligación de las empresas de asumir el coste financiero de los envases que introducen en el mercado. La ampliación en la definición de “envase” ahora incluye no solo las estructuras tradicionales, sino también elementos como palés, film plástico, flejes y etiquetas, afectando prácticamente a todas las empresas debido a la ubiquidad de los embalajes en operaciones comerciales.
Por su parte, Patricia Herrero expuso que los costes derivados de esta normativa varían según el tipo de envase y su gestión. Los envases destinados al uso doméstico acarrean tarifas más elevadas debido a la infraestructura de reciclaje que requieren, en contraste con los envases comerciales e industriales, que resultan menos costosos al tener ciclos de gestión más controlados.
Este ajuste legislativo supone un desafío particular para el sector metalúrgico. Sonia Fernández comentó la situación desde su perspectiva en una empresa dedicada a la fabricación de varilla roscada, destacando que a pesar de que el costo adicional es ineludible debido a la necesidad imperiosa de embalaje en el transporte de materiales pesados, trasladar este aumento al consumidor final es complicado por la intensa competencia en el sector.
Además, la normativa prevé sanciones severas para las empresas que no se adhieran a las nuevas reglas. Marta Carnero señaló que las multas por incumplimiento pueden llegar hasta los 10.000 euros, escalando incluso a los 2 millones en caso de información fraudulenta. Este no es un fenómeno exclusivo de España: en un marco temporal de 18 meses, se espera que una nueva normativa europea extienda estas obligaciones a nivel continental.
Pese a las dificultades inherentes, algunas empresas han comenzado a implementar medidas para minimizar su impacto ambiental. Sonia Fernández resaltó el uso de material reciclado para el embalaje en su empresa, aunque reconoció que en muchos casos estos materiales resultan más costosos que sus contrapartes vírgenes.
En resumen, aunque las nuevas regulaciones representen un desafío tanto financiero como logístico, se alinean con el objetivo más amplio de transitar hacia una economía más sostenible y circular, respondiendo a las exigencias ambientales actuales y futuras.
