En un esfuerzo por aumentar el control y la eficiencia en la gestión de ayudas por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha implementado en 2025 una serie de actualizaciones que endurecen significativamente las sanciones para aquellos beneficiarios que incurran en determinadas faltas. Las nuevas normas reflejan un cambio en la política de tolerancia que el SEPE había mantenido hasta ahora, advirtiendo a los perceptores de prestaciones que las omisiones y los rechazos, que antes podían pasarse por alto, ahora serán tratados con una mayor severidad.
El rigor se hace evidente en las penalizaciones establecidas para las faltas consideradas leves, tales como no presentarse a una entrevista de trabajo o no asistir a un curso formativo sin una justificación previa. En caso de incurrir en tal omisión por primera vez, el beneficiario perderá el derecho a la prestación por un mes. Esta penalización se incrementa a tres meses en una segunda infracción, a seis meses en la tercera, y puede conllevar la revocación permanente de la ayuda en una cuarta ocasión. Es importante subrayar que estas faltas se contabilizan dentro del mismo año natural, lo que obliga a los beneficiarios a mantener un control estricto sobre sus compromisos con la institución.
Aún más severas son las sanciones para aquellos que rechacen ofertas de empleo consideradas adecuadas. El SEPE define estas ofertas como aquellas que corresponden a la formación y experiencia del desempleado, y cuyo salario se alinea con el promedio del sector. En este contexto, la negativa a aceptar una oferta adecuada resultará en tres meses sin prestación en la primera infracción. La repetición de esta falta llevará a perder la ayuda durante seis meses, y tras una tercera negativa, el derecho a percibir la prestación se pierde de forma permanente.
En una línea similar, las modificaciones incluyen un incremento en las sanciones por fraude. Esto abarca casos donde los beneficiarios oculten información relevante, cobren prestaciones de manera indebida o falsifiquen documentos. El castigo por estas infracciones no solo implica la retirada inmediata de la prestación, sino que también impide solicitar cualquier otro tipo de ayuda durante un periodo de un año, además de exigir la devolución de las cantidades cobradas de manera ilícita. En los casos más extremos, estas conductas podrían incluso derivar en acciones legales contra el infractor.
Para evitar imprevistos desagradables, desde el SEPE se recomienda a los beneficiarios que mantengan un registro exhaustivo de sus citas, revisen de manera habitual su correspondencia y su perfil en la plataforma online del organismo, y manejen con cautela las ofertas de empleo que reciban. Además, en caso de no poder cumplir con un compromiso, es fundamental presentar una justificación con antelación al SEPE para prevenir posibles sanciones.
Con estas medidas, el SEPE busca no solo optimizar el uso de los recursos destinados a las prestaciones por desempleo, sino también fomentar un comportamiento más responsable entre los beneficiarios, asegurando que la ayuda llegue a quienes verdaderamente la necesitan. Sin duda, un cambio de rumbo que requerirá adaptación por parte de los perceptores, pero que también promete incrementar la transparencia y eficacia del sistema de ayudas por desempleo en España.
