En California, un proyecto de ley ha generado gran controversia y preocupación entre defensores de la privacidad y ciudadanos por igual. El proyecto S.B. 690, conocido como el «Acta de encubrimiento corporativo», ha sido objeto de fuertes críticas porque, de ser aprobado, podría permitir a las corporaciones realizar actividades de espionaje sobre los ciudadanos de manera encubierta, poniendo en riesgo las protecciones de privacidad establecidas.
El proyecto propone modificaciones significativas a la Ley de Invasión a la Privacidad de California (CIPA). De aprobarse, las empresas podrían grabar en secreto las actividades en internet de los usuarios, como clics y llamadas, y vender estos datos a terceros bajo el argumento de un “propósito comercial”.
Las implicaciones de esta legislación son alarmantes. Según los críticos, debilitaría el CIPA, legalizaría la interceptación de comunicaciones en tiempo real y permitiría el uso de herramientas de rastreo sin consentimiento, todo con fines comerciales y sin notificación previa a los usuarios.
Este cambio no es un simple ajuste, sino un retroceso en las protecciones de privacidad que han sido arduamente conquistadas. Las leyes actuales han sido clave para regular el poder de gigantes tecnológicos y prevenir abusos. Aunque se argumenta que la nueva ley busca alinear la CIPA con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), esta afirmación ha sido calificada como engañosa. La CIPA se centra en prevenir la vigilancia secreta, mientras que la CCPA regula el uso de datos una vez recopilados.
Las comunidades más vulnerables serían las más afectadas, ya que podrían ser vigiladas sin su conocimiento. Esto incluye a inmigrantes, individuos LGBTQ+, personas que buscan servicios de aborto y activistas, cuyas seguridad y privacidad estarían en jaque.
El proyecto de ley es visto como un precedente preocupante, ya que sugiere que las corporaciones podrían espiar a sus consumidores sin enfrentar consecuencias. Los residentes de California se encuentran en una posición crucial para alzar sus voces y hacer un llamado a los legisladores para que voten en contra del Acta de encubrimiento corporativo, defendiendo así las libertades civiles y la privacidad individual.
