Los sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes no han logrado llegar a un acuerdo, lo que ha resultado en la convocatoria de una huelga ferroviaria para los días 9, 10 y 11 de febrero. Esta medida de protesta se origina como respuesta a los recientes accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Las negociaciones, lideradas por el departamento de Óscar Puente, se han llevado a cabo en múltiples ocasiones, pero sin éxito para desconvocar el paro. La convocatoria, que afecta a prácticamente todos los servicios ferroviarios de Renfe, ha sido impulsada por el sindicato de maquinistas Semaf y apoyada por sindicatos relevantes como CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT. Asimismo, se extiende a compañías privadas de transporte de viajeros de alta velocidad como Iryo y Ouigo, así como a varias empresas de transporte de mercancías.
En respuesta a la huelga, la Secretaría de Estado de Transportes ha establecido servicios mínimos que han sido criticados por los sindicatos, calificándolos de “abusivos”. Estos servicios incluyen un 75% de operación en trenes de cercanías durante horas punta, un 50% fuera de estos horarios, un 65% en trenes de media distancia y un 73% en alta velocidad y larga distancia. En Cataluña, la Generalitat ha ajustado los servicios mínimos de Rodalies y trenes regionales entre un 33% y 66%, mientras que en el País Vasco, el Gobierno ha decretado un 50% de servicio en horas punta y un 25% en el resto del día para las líneas de cercanías en Bilbao y Donostia. La medida busca balancear el derecho a la huelga de los trabajadores con la necesidad de garantizar servicios esenciales y desplazamientos inaplazables de los ciudadanos.
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