La justicia brasileña ha ordenado la detención domiciliaria de Jair Bolsonaro, lo que ha generado tensión política y económica en el país. Esta medida coincide con las negociaciones entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y Estados Unidos para revertir un arancel del 50% impuesto a las exportaciones brasileñas. La administración de Donald Trump, que considera a Bolsonaro víctima de una “caza de brujas”, ha vinculado el arancel a los procesos legales que enfrenta el exmandatario. A pesar de la gravedad de la situación, el presidente Lula ha evitado hacer comentarios públicos contundentes, instando a no victimizar a Bolsonaro ni provocar a Trump.
Mientras tanto, en el panorama económico, la sanción comercial amenaza con complicar las condiciones económicas de Brasil. Aunque el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, busca una negociación que incluya una oferta de minerales críticos y tierras raras, el impacto de los aranceles sigue siendo motivo de preocupación. El banco central brasileño ha destacado el entorno externo adverso, recomendando cautela en la política económica. La inflación, situada en un 5.35% interanual, supera la meta del banco central, mientras que las proyecciones de crecimiento del PIB indican una desaceleración económica en comparación con el año anterior.
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