La madre del joven apuñalado en agosto en Tárrega (Lleida) ha solicitado cambios urgentes en la Ley del Menor para evitar que el presunto asesino de su hijo, de 17 años, se beneficie de las disposiciones legales actuales. Esta petición surge a la luz del hecho de que el sospechoso está a pocos meses de alcanzar la mayoría de edad, lo que ha avivado el debate sobre la conveniencia de aplicar las mismas garantías legales a individuos tan cercanos a cumplir los 18 años. La madre argumenta que la gravedad del delito cometido amerita un tratamiento judicial más acorde con el de un adulto, para asegurar que se haga justicia y se eviten posibles situaciones de impunidad.
Este caso ha reavivado las discusiones en torno a la Ley del Menor en España, que establece medidas diferenciadas para menores de edad implicados en actos criminales. Algunos sectores abogan por una reforma que considere la proximidad a la mayoría de edad y la gravedad de los delitos al determinar las sanciones. La familia de la víctima ha recibido apoyo de varios colectivos y está impulsando un movimiento para recolectar firmas que respalde su causa. Este llamado a revisar el marco legal actual pone de manifiesto la tensión entre la protección jurídica de los menores y la necesidad de abordar situaciones extremas con una respuesta proporcional.
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