La reciente muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán en Lima, ha sacudido a Perú, un país ya azotado por la corrupción y la violencia de las mafias. Castro, quien fue hallado muerto con un profundo corte en el cuello en su hogar en Miraflores, estaba involucrado en un importante proceso judicial contra Villarán, acusada de recibir aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS. Estaba a punto de testificar como «colaborador eficaz», ofreciendo documentación que comprometía a diversas figuras políticas. Las circunstancias de su muerte, poco antes del juicio oral de Villarán, han levantado sospechas de interferencia criminal.

El impacto del fallecimiento de Castro ha resonado en el ámbito político y judicial. El fiscal José Domingo Pérez ha asegurado que la evidencia presentada por Castro seguirá siendo válida en el juicio de Villarán, y la abogada Romy Chang sostuvo que las declaraciones previas del difunto pueden ser utilizadas como pruebas. Las reacciones no tardaron en llegar desde el panorama político, con figuras como el exministro Juan Sheput denunciando un patrón de muertes sospechosas de individuos con información sensible en procesos de corrupción. Estas muertes levantan interrogantes sobre la posible influencia de grupos delictivos organizados tras bastidores, una teoría respaldada por el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz.

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