En una comparecencia en el Parlament, Salvador Illa enfrentó acusaciones de corrupción en el PSOE, conectadas con casos delictivos que también involucrarían al exministro del PP, Cristóbal Montoro. La situación, que parecía destinada a convertirse en un escándalo de gran magnitud, se diluyó en un debate que no logró más que suscitar lluvia fina. Illa, defendiendo su gestión y desvinculándose de las acusaciones sobre un supuesto involucramiento con la empresaria china Xiaojuan Li, explicó que no existe ningún proceso penal, contable o administrativo contra él o el Govern y subrayó su disposición a investigar a fondo si algún miembro del gobierno catalán resultara implicado.
Mientras, el Partido Popular moderó su retórica inicial, centrándose en señalar una supuesta falta de vigilancia por parte de Illa durante la compra de mascarillas en la pandemia. Otros partidos, como Esquerra y los Comunes, exigieron una política de tolerancia cero frente a la corrupción. Illa reiteró su compromiso con medidas preventivas, como la participación del Govern en procesos legales relacionados con presuntas comisiones ilegales. También se acordó considerar propuestas para mejorar la transparencia, como la incorporación de inteligencia artificial en la contratación pública y aumentar el periodo de incompatibilidad para exfuncionarios.
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