El decreto sobre energías renovables del Govern de Cataluña, impulsado por Salvador Illa, ha sido aprobado gracias al acuerdo entre el PSC, ERC y los Comunes, tras superar anteriores desacuerdos que obligaron a su retirada en julio. El texto revisado incluye modificaciones en el concepto de “interés general superior” para mitigar el temor de los municipios a que se automatizara la concesión de licencias para instalaciones de renovables. Esta medida busca acelerar el despliegue de energías verdes y baterías en Cataluña, que presenta un retraso significativo en comparación con otras regiones. Además, se introduce por primera vez la regulación de las comunidades energéticas, brindando a grupos de ciudadanos la capacidad de generar y gestionar su propia energía.

El ajuste realizado en el decreto, según expuso la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, responde a las inquietudes de los alcaldes y la presión ejercida por ERC, que abogaban por limitar la aplicación genérica del interés público superior. Este criterio será aplicado únicamente en casos específicos, como la instalación en tejados de pymes o conexiones de autoconsumo. También se establece la creación de mesas de diálogo social para aumentar la participación territorial, y se restringe la instalación de renovables en suelos de regadío. El respaldo del Parlament está asegurado, con un debate legislativo anticipado para el texto, que también contempla normativas sobre almacenamiento de energía y participación de administraciones locales en comunidades energéticas.

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