El Ayuntamiento de Arganda del Rey, bajo la dirección de su alcalde, Alberto Escribano, ha expresado su preocupación por los problemas de convivencia que la Ley Trans está generando en los vestuarios de los polideportivos municipales. La normativa, que fue impulsada por la exministra Irene Montero, permite a las personas trans rectificar su sexo legalmente y vivir según su identidad de género en todos los espacios públicos. Esto ha provocado quejas de varias mujeres del municipio, quienes consideran que su privacidad se ve comprometida, y de los trabajadores municipales, que se sienten desprotegidos ante la falta de herramientas legales claras para enfrentar estas situaciones. En una carta enviada al Ministerio de Igualdad el pasado octubre, el ayuntamiento solicitó directrices sobre cómo actuar en estos casos, pero aún no han recibido respuesta por parte de la ministra Ana Redondo.
Estas preocupaciones locales se suman a un debate más amplio sobre los potenciales usos fraudulentos de la Ley Trans a nivel nacional. En el último año, más de 5.000 personas en España han cambiado su sexo registral, agilizados por la eliminación de requisitos como el diagnóstico médico previo. Sin embargo, hay preocupaciones sobre cómo estos cambios podrían ser utilizados para evadir leyes laborales o judiciales, especialmente en casos de violencia de género, donde el cambio de sexo podría ser usado para evitar agravantes judiciales específicos. A pesar del objetivo de la ley de despatologizar la transexualidad, las críticas apuntan a que la normativa podría estar facilitando un terreno propicio para el fraude debido a la falta de controles y requisitos estrictos.
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