Este jueves, representantes del Gobierno español y de la Iglesia católica han firmado un acuerdo que busca establecer un mecanismo para la atención a víctimas de abusos sexuales que no han encontrado justicia a través del sistema judicial. En la sede del Ministerio de la Presidencia en Madrid, el ministro Félix Bolaños, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han acordado que el Defensor del Pueblo se convierta en un mediador para aquellos que prefieren no dirigirse a la Comisión PRIVA de la Iglesia. Este paso se enmarca en el compromiso del Gobierno de reparar de manera integral a todos los menores afectados por abusos sexuales en cualquier ámbito.
El sistema acordado se basará en criterios técnicos proporcionados por la Oficina del Defensor del Pueblo y una evaluación conjunta con la Comisión PRIVA. Además, se ha establecido que las reparaciones económicas estarán exentas de impuestos, algo que había generado preocupación entre las víctimas, que se sentían revictimizadas al enfrentarse a cargas tributarias tras recibir compensaciones. Este mecanismo, que servirá de vía temporal durante un año, tiene como finalidad alcanzar un reconocimiento y reparación adecuados para las víctimas que no puedan llevar adelante sus casos en los tribunales, respondiendo así a la necesidad urgente de abordar este grave problema social.
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