El arresto y extradición de Hernán Bermúdez Requena, exjefe de la policía de Tabasco, ha generado un revuelo político y mediático en México, afectando a figuras clave de la administración actual y pasada. Su entrega desde Paraguay y reclusión en Almoloya de Juárez son vistos por el gobierno de Claudia Sheinbaum como un avance en la lucha contra la corrupción, aunque la presión por llevar a cabo un juicio justo se intensifica. El caso examina la conexión profunda entre Bermúdez y Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, y cuestiona su presunto desconocimiento de los vínculos criminales de Bermúdez. Además, señala a figuras cercanas a Andrés Manuel López Obrador, sus decisiones y las consecuencias que estas podrían tener en el entorno político.
El entramado político involucra a importantes colaboradores de López Obrador, incluidos Audomaro Martínez, encargado de la inteligencia mexicana, con ecos de supuestas omisiones en la supervisión de la seguridad tabasqueña. La detención de Bermúdez pone en el centro de atención las relaciones entre el poder político y el crimen organizado en la región, sugiriendo complicidades que trascienden lo local. La narrativa gubernamental busca enfatizar logros en seguridad, mientras enfrenta la presión de demostrar voluntad política y transparencia en un juicio que podría desvelar complicidades y desafiar la integridad del grupo político que durante años ha influenciado la política tabasqueña y nacional.
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