La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) ha formalizado un acuerdo estratégico con la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para gestionar disputas en la próxima fase del Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Nivel Superior (gTLD).
Ambas entidades, reconocidas a nivel global, actuarán como Proveedores de Servicios de Resolución de Disputas (DRSP). Su misión será administrar objeciones válidas, facilitar mediaciones y resolver apelaciones en este complejo proceso.
La ICC se encargará de las objeciones basadas en el Interés Público Limitado y las objeciones comunitarias. Con una trayectoria de más de un siglo en arbitraje y mediación, esta institución se desempeñó previamente en la ronda de 2012 del Programa de Nuevos gTLD, gestionando 136 casos.
Por otro lado, la OMPI será responsable de las objeciones por confusión de cadenas y por derechos legales. Desde 1999, ha gestionado más de 75.000 casos bajo la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (UDRP), y fue la única entidad designada para manejar las objeciones por derechos legales durante la ronda de 2013.
Este acuerdo se concretó tras un proceso competitivo abierto en marzo de 2025, asegurando que se cumplieran las mejores prácticas de contratación de ICANN, enfocadas en calidad y transparencia.
Las disputas se someterán a una revisión inicial por los DRSP, y luego a una evaluación por parte de expertos independientes que emitirán una decisión final, siempre con la posibilidad de apelación para la parte perdedora.
El propósito principal es ofrecer un proceso formal y efectivo para que las partes interesadas puedan impugnar la incorporación de nuevos gTLD, especialmente en casos que afecten intereses públicos, derechos legales o que generen confusión.
Esta medida es parte del proceso de preparación para la próxima expansión del espacio de nombres de dominio en Internet, cuya siguiente ronda de solicitudes está programada para 2026. ICANN reafirma así su compromiso con un ecosistema de Internet seguro, equitativo y con mecanismos eficaces de gobernanza.
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