El proceso de paz total liderado por el gobierno de Gustavo Petro ha comenzado a dar resultados tangibles en la región de Nariño, al suroeste de Colombia. Durante un evento celebrado en Pasto, los Comuneros del Sur, una disidencia local del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entregaron al ejército 585 artefactos explosivos para su destrucción. Roger Garzón, representante del grupo en las negociaciones, reafirmó su compromiso con la paz territorial y catalogó la lucha armada como obsoleta. En el mismo evento, Comuneros y el gobierno firmaron acuerdos que benefician a las víctimas y promueven la memoria histórica, la regulación de la minería ilegal y la sustitución de cultivos ilícitos. Petro, presente en la ceremonia, criticó al ELN por su inactividad en los diálogos de paz, elogiando la iniciativa de los Comuneros de priorizar el cambio y la transformación sobre la guerra. El acuerdo incluye una inversión de 45.000 millones de pesos para financiar servicios de salud y más.
Este esfuerzo no solo representa un avance hacia la reducción del conflicto en la región, sino que también establece bases para una transformación social y económica. En la entrega de armas, el ejército destruyó varios tipos de explosivos, reiterando el compromiso con la paz en un territorio históricamente golpeado por la violencia. El plan incluye un proceso de desminado humanitario y la capacitación de miembros de la comunidad para limpiar áreas afectadas. Sin embargo, el camino hacia la paz no está exento de desafíos; mientras el gobierno invierte en la comunidad, algunos líderes sociales han advertido que integrantes de Comuneros podrían estar asociándose con nuevos grupos ilegales. La historia de violencia de Nariño, donde más de 44.500 personas han perdido la vida en 35 años, plantea un contexto complejo para estos avances. A pesar de estos retos, el comisionado para la paz, Otty Patiño, expresó optimismo, destacando el proceso en Nariño como un paso irreversible hacia una paz duradera.
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