El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia cerró el 2025 con un cúmulo de políticas que han generado tanto celebración como controversia. Uno de los anuncios más destacables fue el aumento del salario mínimo, que ahora queda en dos millones de pesos colombianos, acompañado de un incremento en el auxilio de transporte. Este aumento ha supuesto un alivio inmediato para los 2,4 millones de empleados formales que lo devengan, pero expertos y gremios señalan preocupaciones sobre las potenciales consecuencias inflacionarias y los efectos adversos en la informalidad laboral, que afecta a 13,5 millones de colombianos. Paralelamente, Petro lanzó una serie de medidas para responder a la emergencia económica, que incluyen impuestos a los superricos, una sobretasa al sistema financiero, y un incremento del IVA en licores y juegos de azar. Estas decisiones se producen en un contexto de disminución del desempleo al 7%, cifra que marca un hito histórico, mientras el país se prepara para un intenso año electoral en 2026.
En el ámbito de las políticas de salud, el Ministerio de Salud anunció un aumento en los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), aunque el sector denuncia que el ajuste es insuficiente para enfrentar la crisis. Todo esto mientras Colombia aún enfrenta desafíos de orden público y una paz escurridiza, especialmente en regiones como el Catatumbo. La estrategia del gobierno parece orientarse hacia el fortalecimiento de los derechos sociales, en un intento por inclinar el debate electoral hacia la justicia social y la desigualdad, aunque la crítica al manejo económico continúa. El exministro José Antonio Ocampo advirtió sobre los posibles efectos en la inflación y el empleo formal que podría tener el aumento del salario mínimo, mientras que el presidente Petro mantiene que estas medidas impulsarán la productividad y las ventas, rechazando así las críticas de populismo. Con el 2026 a la vuelta de la esquina, Colombia se enfrenta a un futuro incierto, abriendo un nuevo capítulo con el inicio del año electoral.
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