México se prepara para un cambio sin precedentes en su sistema judicial tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha dejado firme una reforma radical impulsada por el gobierno de Morena. A partir del próximo año, todos los jueces del país, tanto a nivel federal como estatal, serán elegidos por voto popular. Esta medida ha cerrado meses de tensiones entre el Poder Judicial y el oficialismo, liderado por Claudia Sheinbaum y apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que proponía limitar el número de cargos judiciales a ser elegidos fue rechazado, dejando que miles de funciones, históricamente obtenidas mediante el ascenso dentro de la carrera judicial, ahora estén sujetas a la voluntad ciudadana en las urnas. El ministro Alberto Pérez Dayán, rompiendo con bloques mayoritarios, fue crucial para inclinar la balanza a favor del oficialismo en esta decisión.
Esta reforma significará un desafío operativo considerable, con 1.700 cargos judiciales de nivel federal a ser votados en dos elecciones previstas para 2025 y 2027. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado un gasto de al menos 13.200 millones de pesos para organizar estos complejos comicios. A nivel local, los 32 estados del país también deberán someter a elección a sus poderes judiciales en un movimiento que el gobierno justifica como necesario para combatir la corrupción y los privilegios en la judicatura. La decisión de la SCJN ha sido recibida con críticas de la oposición, que cuestiona si el Congreso tiene capacidad para modificar la Constitución sin supervisión judicial, sugiriendo que el gobierno pudo haber presionado al ministro Pérez Dayán. A pesar de las tensiones, se levanta un nuevo panorama institucional en México, uno que revoluciona la estructura del poder judicial del país, y deja mucho por definir en su implementación y sus consecuencias en la justicia y democracia mexicanas.
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