David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para declarar en calidad de imputado. La juez Beatriz Biedma le acusa de tráfico de influencias, prevaricación y de un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según la investigación, Sánchez Pérez-Castejón, conocido en el ámbito musical como David Azagra y actual jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, no habría presentado las autoliquidaciones correspondientes al IRPF desde 2021, mientras mantenía su residencia en Portugal. Esta situación podría haber contribuido a su declaración como residente fiscal en el país vecino, lo que no sería incompatible con su plaza en la administración española.
La expectación mediática en torno al caso ha suscitado un amplio despliegue de seguridad en los juzgados de Badajoz. A pesar de las fuertes medidas de protección, la presencia de periodistas ha sido notable, buscando seguir de cerca el desarrollo de un caso que vincula implícitamente al entorno familiar del mandatario español con supuestos hechos de corrupción. Las acusaciones populares, representadas por abogados de organizaciones como Iustitia Europa y Hazte Oír, consideran crucial esclarecer la creación y modificación del controvertido puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música de la Diputación. Además, el contexto se ve intensificado por la firma de un acuerdo del gobierno español con Portugal para promover las actuaciones operísticas de Azagra, lo cual ha sido interpretado por sectores críticos como un posible conflicto de intereses.
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