En un movimiento significativo hacia la protección de la privacidad en el ámbito de la atención médica, la Cámara de Representantes de Hawái ha introducido la resolución HCR 144/HR 138, que insta al Fiscal General del estado a investigar las prácticas de los centros de embarazo en crisis (CPCs). Estos centros, conocidos por proporcionar pruebas de embarazo y asesoramiento de forma gratuita, han sido objeto de críticas por no ofrecer servicios de salud reproductiva esenciales, como anticonceptivos o acceso al aborto, y han sido etiquetados como «centros no regulados».
En Hawái, los CPCs son más numerosos que las clínicas que proporcionan servicios completos de salud reproductiva. El primer CPC del país se estableció en Hawái en 1967 por Robert Pearson, iniciador de una red de centros que, según críticos, opera con poca regulación. La preocupación principal radica en las prácticas poco claras en cuanto a la gestión de la privacidad del paciente. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha lanzado un llamado a nivel nacional para investigar estos centros, destacando casos en los que se ha engañado a los pacientes haciéndoles creer que sus datos están protegidos por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), cuando esto no es necesariamente cierto.
La resolución presentada resalta específicamente la demanda de la EFF de supervisión estatal sobre los CPCs, con el objetivo de asegurar que los datos personales de los pacientes sean manejados de manera segura y clara. Estudios recientes revelan que entre 2017 y 2023, los CPCs recibieron 400 millones de dólares en fondos federales sin una adecuada fiscalización por parte de reguladores, tal como indica un artículo de noviembre de 2024 en Health Affairs, que también destaca el uso incorrecto de la HIPAA por parte de estos centros para recabar información personal.
Este esfuerzo legislativo subraya un principio fundamental: el derecho a la privacidad debe prevalecer en los servicios de salud. Mientras HCR 144/HR 138 avanza, se vuelve crucial que el Fiscal General de Hawái examine detenidamente el cumplimiento de estos centros con las leyes de privacidad. Esta acción es vital para asegurar los derechos de privacidad de quienes buscan atención reproductiva en el estado, estableciendo un precedente para que otras jurisdicciones sigan el ejemplo y fortalezcan la protección de los datos médicos de sus ciudadanos.
