La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por la suspensión de más de 2.200 millones de dólares en fondos federales, alegando que esta medida es ilegal y excede las competencias del Gobierno. La denuncia, interpuesta en Boston, señala específicamente a varias agencias gubernamentales, incluidas las de Educación, Sanidad y Justicia. La decisión de recortar los fondos surge tras el rechazo de Harvard a cumplir con las demandas del Gobierno, que buscaba una reforma radical en sus políticas de admisión y gestión educativa, acusando a la universidad de fomentar el activismo progresista y antisionista en su campus. El rector Alan Garber ha manifestado que estas acciones atentan contra la libertad académica y violan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Esta disputa ha puesto de relieve la fricción entre la Administración Trump y una de las universidades más prestigiosas del mundo, desencadenando un amplio debate sobre la libertad de expresión y la autonomía educativa. Harvard sostiene que los recortes en los fondos afectarán gravemente a sus programas de investigación, esenciales para el progreso y la innovación estadounidense. A pesar de la presión, la universidad ha recibido el respaldo de otras instituciones, como Yale y Princeton, que también se oponen a las medidas del Gobierno. La batalla legal no solo busca proteger los recursos económicos de Harvard, sino también salvaguardar la independencia del sistema universitario estadounidense, que durante décadas ha sido un baluarte de la libertad académica y la excelencia educativa.
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