La Universidad de Harvard ha respondido rápidamente a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) de cancelar su programa de estudiantes internacionales tras ser acusada por el gobierno de Donald Trump de fomentar el antisemitismo y el terrorismo. En menos de 24 horas, Harvard presentó una demanda para buscar la suspensión de esta medida sin precedentes que afecta su capacidad para admitir estudiantes extranjeros. Alan Garber, presidente de la universidad, calificó la acción del gobierno como ilegal e injustificada, destacando el impacto negativo en miles de estudiantes y académicos. Además, denunció la congelación de fondos federales y la amenaza de retirar la exención fiscal de la institución.
El conflicto se intensificó tras la exigencia del DHS de que Harvard proporcione información sobre estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas. La medida afectaría directamente a los 6,800 estudiantes internacionales de la universidad que podrían perder su estatus legal. Garber se ha convertido en un baluarte de la defensa de la libertad académica, en contraste con la postura más sumisa de la Universidad de Columbia. Mientras tanto, la comunidad académica global permanece en estado de consternación y espera que Harvard siga luchando en los tribunales para proteger su carácter inclusivo y su apertura al mundo.
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