En un movimiento controvertido, el presidente republicano ha lanzado una ofensiva contra la institución más rica del país, en un intento por reformar su estructura y modificar sus reglas internas. La acción ha generado un considerable revuelo político y social, especialmente al acompañarla con la amenaza de recortar 2.200 millones de dólares en fondos federales que actualmente se destinan a la institución. El mandatario argumenta que esta estrategia busca promover una mayor transparencia y eficiencia en la administración de los recursos, aunque sus críticos alegan que se trata de una maniobra para ejercer un control más directo sobre la entidad.
Esta situación ha desencadenado un intenso debate en el ámbito político, con opositores denunciando el uso de fondos federales como herramienta de presión gubernamental. La institución afectada ha respondido enfatizando su compromiso con los principios de autonomía y autorregulación, mientras analiza los posibles impactos de un recorte financiero de tal magnitud. Analistas sugieren que el desenlace de este enfrentamiento podría sentar un precedente sobre la relación entre el gobierno federal y las entidades autónomas en el futuro, en un contexto donde las tensiones partidistas están al rojo vivo.
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