El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, liderado por Germán Ávila, suspendió el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, alegando «limitaciones presupuestales». Esta decisión se anunció tras la advertencia de la Procuraduría General de la Nación sobre posibles irregularidades que podrían afectar la transparencia del proceso. Asimismo, el presidente Gustavo Petro manifestó preocupaciones respecto a presunta corrupción, sugiriendo un cobro de mil millones de pesos por asignación de cupo. El proceso, gestionado por la Universidad Libre, buscaba cubrir 300 vacantes en el país, siendo el primer concurso de este tipo en una década.
La suspensión del concurso ha suscitado críticas sobre la intervención política en procesos técnicos, afectando la confianza en las instituciones. Pedro Sarmiento, de Crowe Colombia, señaló que tal intervención compromete la credibilidad institucional, mientras que la falta de un calendario claro agrava la situación. La Procuraduría halló deficiencias en el proceso de selección, destacando la falta de mecanismos para que los aspirantes defiendan sus derechos. Sin fechas oficiales, el concurso se ve plagado de incertidumbres, y la Superintendencia de Notariado debe esclarecer el cronograma y garantizar la transparencia, en respuesta a estas acusaciones.
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