El Gobierno se enfrenta a una situación cada vez más compleja tras el fracaso en la aprobación de la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. La propuesta, que buscaba elevar la presión fiscal para cumplir con compromisos adquiridos ante Bruselas y reducir el déficit sin recortes de gasto, se encontró con una votación caótica y falta de consenso. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había subrayado la necesidad de ajustes fiscales, pero el Ejecutivo no logró el respaldo necesario. Esto culminó en una frenética búsqueda de acuerdos de última hora para salvar parte del paquete fiscal, especialmente mediante un pacto con Bildu, ERC, y BNG para extender impuestos a grandes empresas energéticas, a pesar de la ruptura con el PNV y Junts, lo que refleja un panorama complicado para el Gobierno en las próximas negociaciones presupuestarias para 2025.
El plan fiscal, diseñado con múltiples enmiendas negociadas en las últimas semanas, llegaba con la intención de integrar la directiva europea sobre una tributación mínima para multinacionales y con miras a revitalizar la economía española. No obstante, varias medidas clave fueron rechazadas, incluyendo la extensión del gravamen a bancos y empresas energéticas, la eliminación de beneficios fiscales para sociedades de inversión inmobiliaria (socimis), y el aumento del IVA a viviendas turísticas. Entre las medidas aprobadas están el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, un aumento en el IRPF para rentas altas, y la imposición de tributos sobre vapeadores. Mientras el Gobierno trata de consolidar estas medidas antes del pleno del jueves, el rechazo de otras reformas anticipa una difícil negociación para asegurar la viabilidad de los próximos presupuestos, colocando al Ejecutivo en un escenario de alta tensión política.
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