El Ministerio de Hacienda de España ha reforzado su estrategia para fiscalizar a los creadores de contenido digital y los influencers que, a pesar de residir en países con ventajas fiscales como Andorra o Dubái, realizan negocios en territorio español o generan ingresos ligados a este país. Este esfuerzo se refleja en la publicación del nuevo Plan de Control Tributario 2026, incluido en el Boletín Oficial del Estado, donde se pone especial énfasis en inspeccionar “los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales” y las operaciones en cuentas de entidades financieras digitales, conocidas como neobancos, que podrían estar siendo utilizadas para ocultar rentas o patrimonio en el exterior.
La notable expansión de las redes sociales y el marketing de influencia ha transformado el panorama económico digital. Actualmente, los influencers y creadores de contenido, con gran impacto en sectores comerciales y publicitarios, ofrecen a las marcas una vía efectiva para aumentar su visibilidad y credibilidad en entornos altamente segmentados. La actividad, que incluye publicaciones patrocinadas, reseñas y participación en eventos promocionales, ha dado lugar a un sector en auge, que Hacienda busca controlar más exhaustivamente.
Este incremento en la fiscalización surge una vez conocida la disputa entre Hacienda y dos figuras emblemáticas del mundo de YouTube en España: Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, mejor conocido como Vegetta777. Ambos generadores de contenido, con seguidores que superan los 17 y 34 millones respectivamente, han enfrentado a la Agencia Tributaria por su obligación de tributar en España a pesar de haber fijado su residencia fiscal en Andorra.
El núcleo del conflicto radica en la interpretación de los criterios de residencia fiscal. La defensa de los influencers alega que, según la propia Agencia Tributaria, ambos permanecieron más días en Andorra durante los ejercicios en discusión y que su actividad se realizaba desde estudios ubicados en ese país. Sin embargo, Hacienda sostiene que su obligación tributaria en España continúa vigente, argumentando que su centro de intereses económicos se mantuvo en territorio español durante ese período.
El debate ha abierto una discusión social y legal sobre la responsabilidad fiscal de las figuras públicas en la era digital. Los abogados de Willyrex y Vegetta777 califican las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) como “un sinsentido tributario”, alegando que se pretende que sus clientes paguen impuestos en un país donde ya no tienen residencia ni desarrollan su actividad principal. La contradicción argumental radica en que, aunque trabajan y viven en otros países, las autoridades fiscales consideran que su residencia fiscal y centro de intereses económicos permanecen en España, en un claro enfrentamiento con los principios del derecho internacional y los convenios contra la doble imposición.
Este enfrentamiento no solo refleja la complejidad de regular una economía digital en expansión, sino que también pone en evidencia la necesidad de actualizar las normativas fiscales ante los nuevos modelos de negocio y residencia digital. España, a través de sus reformas y políticas de control tributario, busca asegurarse de que la economía digital contribuya de manera justa al financiamiento del Estado, sin dejar espacios para la evasión o la elusión fiscal mediante el traslado de residencia a paraísos fiscales.
