

A partir de enero de 2026, el entorno fiscal en España vivirá una transformación significativa con la implementación de nuevas obligaciones informativas por parte de la Agencia Tributaria. Amparado en el Real Decreto 253/2025, este cambio busca un control más exhaustivo sobre los medios de pago electrónicos, incidiendo especialmente en plataformas como Bizum, tarjetas bancarias y cuentas de pago destinadas a profesionales y empresas.
Con la llegada de esta normativa, las entidades financieras y plataformas de pago deberán reportar mensualmente a la Agencia Tributaria una serie de datos relevantes. Este monitoreo incluirá desde el movimiento de cuentas bancarias y no bancarias hasta las transacciones realizadas con tarjetas, sean estas físicas o virtuales, así como los pagos realizados a través de Bizum y sistemas similares. El objetivo es proporcionar a la Agencia Tributaria información más actualizada y precisa para una mejor supervisión de la actividad económica del país.
Uno de los cambios de mayor envergadura radica en la eliminación del umbral de 3.000 euros anuales, que anteriormente definía las operaciones que debían ser reportadas. Ahora, cualquier transacción de carácter profesional estará bajo la lupa de Hacienda, sin importar su monto. Esto afectará en gran medida a autónomos, empresas y profesionales, ya que cualquier cobro registrado a través de Bizum deberá ser declarado si tiene relación con la actividad económica. Sin embargo, las transacciones entre particulares que no tengan un fin económico seguirán excluidas de esta obligación, siempre que no escondan actividades profesionales.
Este nuevo marco informativo implica un impacto considerable para los empresarios, profesionales y autónomos que dependen de medios de pago electrónicos. Movimientos efectuados con Bizum para cobrar servicios o productos, transacciones con tarjetas asociadas a actividades económicas, y el uso de cuentas de pago para gestionar ingresos o egresos empresariales serán cuidadosamente monitorizados. La información recabada se agrupará mensualmente por negocio, permitiendo su comparación con las declaraciones de IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
Para los autónomos y pequeñas y medianas empresas, este ajuste fiscal supondrá varios desafíos prácticos. Se espera que enfrenten una mayor visibilidad de sus ingresos electrónicos ante Hacienda, lo que exigirá una gestión más rigurosa de cobros y pagos para evitar discrepancias. Además, se insta a separar claramente las finanzas personales de las profesionales para mantener consistencia contable.
Aquellos que reciban pagos a través de Bizum o tarjetas en el contexto de su actividad económica deberán asegurarse de que estos ingresos estén correctamente reflejados en su contabilidad, dado que el nuevo control fiscal aumenta la trazabilidad de la actividad económica en la era digital. Este cambio no solo intensifica la supervisión tributaria, sino que también subraya la importancia de administrar con eficiencia la fiscalidad de los pagos digitales.
En este panorama cambiante, Puigverd Assessors se presenta como un aliado crucial para asistir en la adaptación contable y asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales. La firma ofrece su experiencia para garantizar que las operaciones de sus clientes se ajusten a la normativa vigente, evitando así sorpresas con la Agencia Tributaria.
