El Ministerio de Hacienda de España ha dado un giro inesperado al anunciar que no impondrá nuevas cargas fiscales a las empresas energéticas que inviertan en descarbonización, a pesar de un acuerdo previo con partidos como ERC, Bildu y BNG para extender un impuesto a dichas empresas por un año más. Esta decisión ha sido confirmada por el equipo liderado por María Jesús Montero, quien argumenta que el nuevo posicionamiento busca mantener el acuerdo con Junts, siempre y cuando las empresas energéticas demuestren un compromiso efectivo con las inversiones sostenibles. Este cambio se produce en un contexto donde el Gobierno central tuvo que tomar decisiones cruciales para conciliar los acuerdos políticos estratégicos con sus socios más a la izquierda del espectro político, salvando de este modo importantes reformas fiscales en un momento crítico.
Paralelamente, el Gobierno se enfrenta al desafío de balancear sus promesas fiscales con la necesidad de avanzar en el ámbito europeo. A pesar de los compromisos con Junts, la administración ha prometido a sus socios la aprobación del impuesto a la banca, mientras avanza en la tramitación del proyecto de ley que impondrá un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales, una normativa exigida por Bruselas. Este proyecto ha logrado superar el trámite en comisión, un paso esencial para garantizar un desembolso de 11.000 millones de euros en fondos europeos. Estas decisiones de última hora ilustran la complejidad de las negociaciones políticas actuales, donde los equilibrios y concesiones son cruciales para asegurar la viabilidad de reformas fiscales fundamentales para el país.
Leer noticia completa en 20minutos.
