La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha presentado un informe a la Audiencia Nacional donde se detectan irregularidades en varios contratos asociados a Adif y la Dirección General de Carreteras, en el marco de la investigación del caso Koldo. Este análisis se centra en cinco contratos de Adif y Adif Alta Velocidad, así como seis expedientes de la Dirección General de Carreteras, e identifica a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) como las empresas que presumiblemente se beneficiaron de amaños, los cuales serían parte de una trama orquestada desde el Ministerio de Transportes.
El informe, solicitado en septiembre de 2025 por el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, se ha entregado finalmente al Juzgado Central de Instrucción número 2, liderado por el magistrado Ismael Moreno, tras la pérdida del aforamiento de José Luis Ábalos. Este juez investiga, en una pieza separada del caso Koldo, los amaños en la obra pública relacionados con una supuesta organización criminal que incluye a figuras políticas como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Entre los contratos analizados, se destaca uno adjudicado a Acciona y Ferrovial Agroman, considerado el mayor beneficiario de las irregularidades. Además, se revisan otros contratos de menor cuantía adjudicados a una UTE compuesta por OPR y ASCH Infraestructuras y Servicios.
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