La expresión «Hazme un bizum» ha dejado de ser una simple frase y se ha consolidado como parte del lenguaje cotidiano en España. Desde su irrupción en el año 2016, esta plataforma de pagos electrónicos ha revolucionado la manera en la que se realizan las transacciones, alcanzando hoy en día un ritmo de 35 operaciones por segundo. En el contexto de la zona SEPA, Bizum representa un imponente 95% de las transferencias inmediatas y más del 50% del total de transferencias.
Ante el crecimiento sostenido de esta y otras plataformas digitales, como Vinted o Wallapop, Hacienda ha puesto su lupa sobre estos fenómenos. El Gobierno español está afinando los detalles de un nuevo real decreto que será publicado próximamente, con el cual se implementarán medidas que impactarán a los pagos hechos a través de servicios como Bizum. Benjamí Anglès, experto en derecho financiero y tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), destaca que los bancos tendrán que informar a Hacienda sobre los ingresos que empresarios y autónomos reciban mediante pagos móviles una vez entre en vigor.
Bizum ha alcanzado cifras impresionantes con más de 28 millones de usuarios y 82.000 comercios afiliados. En 2024, la plataforma gestionó cerca de 1.100 millones de operaciones que superaron los 44.000 millones de euros, según cifras oficiales. Frente a esto, y bajo la normativa vigente, los bancos solo están obligados a informar sobre pagos de tarjetas que superen los 3.000 euros anuales. Sin embargo, la nueva normativa eliminará este límite para las plataformas electrónicas, obligando a informar de todos los ingresos, sin importar el país de residencia del pagador.
La Agencia Tributaria tendrá ahora la capacidad de revisar los pagos realizados a través de Bizum. Las entidades financieras deberán presentar reportes mensuales que incluyan detalles sobre los importes y las cuentas receptoras, lo que permitirá a Hacienda tener un conocimiento más exhaustivo de las actividades y servicios facturados a través de estas plataformas. Esto no afectará a los usuarios particulares que realicen transacciones menores entre familiares o amigos, salvo que superen los 10.000 euros anuales.
Esta medida supone un nuevo paso en el control fiscal del Gobierno, similar a las medidas ya implementadas en plataformas de compraventa de segunda mano como Vinted y Wallapop, donde se persiguen operaciones que superen los 30 movimientos anuales o los 2.000 euros de ingresos. Estas plataformas han generado una importante actividad económica, como reflejó la facturación de más de 5.500 millones de euros en el mercado de la segunda mano en 2023.
Pese a los controles, las obligaciones fiscales de los usuarios no han cambiado, pero sí la capacidad de Hacienda para auditar las operaciones gracias a la obligación de los intermediarios de informar sobre dichas transacciones. Esto representa un avance significativo en la transparencia fiscal, que facilita a la Agencia Tributaria verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos y actuar de manera más efectiva cuando sea necesario. De este modo, el camino hacia una mayor fiscalización se afianza, demostrando que «Hacienda somos todos» no es solo una frase, sino una realidad cada vez más palpable en el ámbito digital.
