En un movimiento sin precedentes que busca fortalecer el control fiscal sobre los pagos electrónicos, la Agencia Tributaria ha anunciado que empezará a recibir datos detallados de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, débito o prepago. A partir de 2026, las entidades bancarias deberán informar sobre los movimientos de titulares de tarjetas cuyos gastos en 2025 superen los 25.000 euros. El objetivo primordial de este sistema automatizado es detectar y prevenir fraudes fiscales, así como mejorar la trazabilidad de flujos monetarios que hasta ahora podrían haber pasado desapercibidos.
Sin exigir declaraciones adicionales a los contribuyentes, los bancos estarán obligados a enviar un resumen anual. Este informe incluirá no solo el monto total gastado mediante tarjetas, sino también el número de transacciones, el tipo de establecimientos visitados y la información del titular. La medida se aplicará tanto a compras en tiendas físicas como a transacciones en línea, afectando por igual a tarjetas personales y empresariales.
El trasfondo de esta nueva normativa es la significativa disminución de los pagos en efectivo y el aumento del uso de tarjetas como principal medio de transacción. La Hacienda pública intenta adaptarse a estos cambios en los hábitos de consumo, buscando una mayor supervisión de los grandes volúmenes de gasto que podrían ocultar actividades no declaradas o incongruencias fiscales.
Se anticipa que la mayoría de los ciudadanos no serán impactados por esta medida, ya que el umbral establecido excluye a aquellos con gastos anuales inferiores a 25.000 euros. Sin embargo, los autónomos y quienes realicen grandes compras o concentren múltiples operaciones en una sola tarjeta podrían tener que ejercer un control más riguroso sobre sus finanzas. Este nuevo nivel de escrutinio no solo ayudaría en la justificación de gastos ante posibles auditorías, sino que promovería una mayor transparencia en las operaciones económicas en general.
