La inestabilidad política en España ha provocado un retraso significativo en la preparación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. A estas alturas del año, el Ministerio de Hacienda debería estar trabajando en los trámites para aprobar las cuentas públicas del próximo ejercicio, pero según diversas fuentes, esto no está ocurriendo. En un contexto de prórroga presupuestaria, las cuentas de 2023 siguen vigentes, complicando aún más el panorama debido a la frágil mayoría parlamentaria y las diferentes posturas de los socios de gobierno sobre temas como el gasto militar. Hacienda argumenta que aún hay tiempo para proceder con los trámites necesarios, afirmando que el 1 de agosto es la fecha límite para presentar el techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno español enfrenta dificultades adicionales para establecer los objetivos de estabilidad necesarios, como el límite de déficit y deuda pública, que son fundamentales para el desarrollo presupuestario. Interventores y auditores del Estado han señalado la ausencia de progreso en estas áreas, lo cual se complica con el hecho de que Hacienda aún no ha lanzado la orden ministerial que orienta a los distintos ministerios en sus solicitudes de gasto. A pesar de los desafíos, desde el Ejecutivo persiste la intención de presentar un proyecto para 2025, aunque parece improbable que se logre a tiempo. Con las complejidades del entorno económico actual y las metas futuras como el aumento del gasto en defensa, el gobierno se encuentra en una carrera contrarreloj para determinar su rumbo financiero.
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