En España, miles de usuarios están experimentando la interrupción en el acceso a páginas web y servicios legítimos de internet debido a un bloqueo masivo de direcciones IP. Esta medida, según informes, está siendo impulsada por LaLiga con el objetivo de combatir la piratería audiovisual. Sin embargo, la acción está afectando a servicios y páginas que no tienen relación con la retransmisión de contenido deportivo.
Ante esta problemática, los ciudadanos se preguntan qué medidas pueden tomar. Existe una opción viable: presentar una queja formal ante la Comisión Europea si se considera que las acciones de una autoridad de un Estado miembro, como España, están infringiendo la legislación de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2022/612 protege el derecho de los usuarios a acceder a contenidos y servicios sin interferencias injustificadas. El bloqueo indiscriminado de IPs podría estar contraviniendo este derecho, especialmente en ausencia de una orden judicial que lo justifique.
Hay otros principios que podrían estar siendo vulnerados, como la neutralidad de la red, el acceso equitativo a los servicios digitales y la libertad de información y de empresa, según la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Los ciudadanos interesados en presentar una denuncia pueden hacerlo a través del portal de denuncias de la Comisión Europea. El proceso comienza verificando la validez de la queja y, si se considera procedente, es posible completar un formulario que debe incluir datos personales, la autoridad nacional implicada y una descripción detallada del problema, citando la normativa vulnerada. La incorporación de pruebas como capturas de pantalla o documentos de comunicación con proveedores puede fortalecer la denuncia.
Si suficientes ciudadanos presentan quejas fundamentadas, la Comisión Europea podría iniciar una investigación y requerir explicaciones al gobierno español. En casos graves, el asunto podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El formulario de denuncia está diseñado para cualquier ciudadano europeo, sin necesidad de contar con conocimientos jurídicos. La expresión clara y fundamentada de la situación es suficiente. Para aquellos que tengan dudas, organizaciones como Xnet, EDRi o FACUA ofrecen asesoría en defensa de los derechos digitales.
Este tipo de bloqueo masivo y opaco plantea serias dudas legales y éticas. La pregunta que surge es si se tolera el bloqueo de una dirección IP por compartir un enlace, ¿qué impide que esta lógica se extienda a redes sociales, blogs o foros? La denuncia surge como un paso legítimo y necesario para reclamar los derechos digitales, y cuantas más personas se unan a esta causa, más difícil será para las autoridades ignorar el problema.
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