En medio de las consecuencias devastadoras del fenómeno meteorológico DANA, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha lanzado una guía destinada a informar a las personas afectadas sobre los derechos que las amparan en situaciones tan difíciles. La guía busca ofrecer un apoyo tangible y efectivo a quienes han visto trastocada su vida debido al temporal, protegiendo sus intereses en áreas como la prestación de servicios, arrendamientos urbanos y créditos.
El reciente Real Decreto-Ley 6/2024 introduce una serie de medidas urgentes que permiten a los damnificados suspender el pago de suministros, solicitar moratorias de crédito y extender los plazos para cancelaciones de compras de productos y servicios. Bustinduy, recalcando la importancia de estas acciones, subrayó que la intención es evitar que quienes han sufrido los daños impuestos por la DANA enfrenten un segundo perjuicio económico al tener que cumplir con obligaciones que no pueden disfrutar. El ministro alentó a la población a hacer uso de estos derechos y a denunciar cualquier abuso ante las autoridades competentes.
La guía proporciona detalles específicos para la protección del consumidor en varios aspectos críticos. Por ejemplo, se permite la suspensión temporal o definitiva de contratos de servicios si no se pueden disfrutar debido a daños en las viviendas. Esto incluye servicios básicos como gas, luz, agua, telefonía e internet, que pueden ser suspendidos sin penalización mientras se rehabilitan las viviendas afectadas. En caso de cancelaciones definitivas de servicios, las empresas deberán reembolsar cualquier cantidad abonada en un plazo de treinta días.
En el ámbito de los alquileres, la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla el derecho a suspender el contrato si la vivienda alquilada es declarada inhabitable por el temporal, permitiendo incluso que los inquilinos desistan del contrato sin penalización. Los afectados pueden también solicitar moratorias de hasta tres meses en créditos como hipotecas, préstamos para automóviles o créditos al consumo, medida que busca aliviar la presión financiera inmediata.
Además, para aquellos que no pueden disfrutar de productos o servicios contratados antes del desastre, se extiende el derecho a rescindir dichos contratos hasta el 31 de enero de 2025. Esta disposición aplica a una amplia gama de servicios y productos, desde viajes hasta la adquisición de productos para el hogar, facilitando además el proceso de cancelación al no requerir documentos que puedan haber sido dañados o perdidos durante la DANA.
El Ministerio, además de estas medidas de protección al consumidor, hace un llamado a los afectados para que consideren otras ayudas disponibles, tales como las relacionadas con la rehabilitación de viviendas, compensaciones por seguros y la obtención de avales para créditos, asegurando un apoyo integral en tiempos de dificultad. Con estas acciones, el gobierno español refuerza su compromiso de proteger a los ciudadanos ante un evento climático de extraordinaria severidad.
Fuente: Ministerio de Consumo
