En un esfuerzo por mejorar la accesibilidad y el apoyo a las personas con discapacidad, España ha lanzado un innovador servicio de facilitador judicial. Este proyecto pionero ya cuenta con 150 profesionales acreditados que ofrecen asesoramiento gratuito a personas con discapacidad involucradas en procesos judiciales, marcando un hito en la asistencia legal inclusiva en el país.
Además del apoyo judicial, se han implementado medidas económicas significativas. El Gobierno regional ha aprobado una deducción de 500 euros para aquellos que cuidan de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que convivan con el contribuyente. Esta acción se suma a la extensión de deducciones por el cuidado de hijos al cuidado de mayores dependientes y personas con discapacidad, permitiendo desgravar el 25% de las cuotas ingresadas en la Seguridad Social hasta un límite de 450 euros. Las familias numerosas pueden beneficiarse aún más, con una deducción incrementada al 40% y 600 euros.
En el ámbito laboral, se han instituido incentivos para fomentar la inserción de personas con discapacidad. Las empresas pueden recibir hasta 9.500 euros por cada contratación indefinida, ajustado al grado de discapacidad del empleado. Este incentivo se incrementa en 500 euros si el beneficiario es mujer y en 2.000 euros si es la primera contratación de un trabajador autónomo.
En paralelo, se han mantenido otros beneficios, como la reserva de plazas en entidades de más de 50 empleados, exenciones de tasas universitarias y becas para estudiantes con discapacidad.
El documento detallado, que también incluye programas y medidas de entidades sociales y del Estado, está disponible para consulta en la web de la Comunidad de Madrid. Este enfoque integrado busca potenciar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en múltiples frentes.
