Con la inminente llegada de la campaña de la Renta 2024, los inversores que operan a través de plataformas como Trade Republic enfrentan el desafío de garantizar que sus obligaciones fiscales se cumplan de manera precisa. Este neobanco alemán ofrece a sus usuarios una atractiva propuesta de cuentas remuneradas y productos de inversión que prometen rentabilidades competitivas. Sin embargo, la seductora oferta implica también una serie de responsabilidades fiscales que no deben ser pasadas por alto.
El principal reto para quienes utilizan Trade Republic radica en el hecho de que, al ser una entidad con sede en Alemania, no se realiza de manera automática la deducción de impuestos sobre los intereses abonados a sus clientes internacionales, como lo hacen las entidades bancarias españolas. Esto obliga a los inversores a tomar la iniciativa y proactivamente incluir estos ingresos en su declaración de IRPF, específicamente en el apartado dedicado a los «Rendimientos de capital mobiliario». La normativa exige que se declare el importe bruto de los intereses y dividendos percibidos, sin realizar reducciones por concepto de impuestos que la plataforma no retiene.
Además de los intereses y dividendos, las operaciones de compraventa de activos realizadas en Trade Republic, como acciones o ETFs, deben ser reflejadas en la declaración. La gestión cuidadosa de las ganancias y pérdidas patrimoniales puede ser determinante en el resultado fiscal final, permitiendo compensaciones que modulan la cantidad a tributar. Así, las pérdidas pueden ser un recurso estratégico para disminuir el impacto de las ganancias en la carga fiscal del inversor.
Por otro lado, aunque Trade Republic es reconocida por sus competitivas comisiones, los costes asociados a las transacciones implican una oportunidad de ajuste en la base imponible. Dichos gastos, por modestos que sean, son deducibles y abaratan la cifra final sobre la que aplica la tributación.
Un elemento adicional a considerar es la obligación de presentar el modelo 720, una exigencia que recae sobre quienes poseen bienes y derechos en el extranjero que superan los 50.000 euros. La omisión de esta declaración conlleva severas sanciones por parte de la Agencia Tributaria española, por lo que la transparencia y el ajuste al marco normativo vigente son ineludibles.
Ante este entramado fiscal internacional, la asistencia de un profesional del ámbito tributario es una recomendación prudente. Un asesoramiento especializado puede marcar la diferencia entre cumplir con las obligaciones de manera eficiente y enfrentar las complejidades del sistema sin la debida orientación. Así, quienes operan con plataformas como Trade Republic no solo maximizan sus inversiones, sino que también garantizan un cumplimiento estricto de sus responsabilidades fiscales, evitando contratiempos con las autoridades tributarias.