El cambio normativo en España está impactando significativamente a los autónomos, que inician el año 2025 con la obligación de regularizar las cotizaciones de 2023. La medida afecta a 889,553 trabajadores que cotizaron por debajo de sus ingresos reales, quienes deberán abonar una media de 450 euros en los próximos meses. Además, se ha incrementado la cuota mensual para aquellos cuyos ingresos superan los 1,700 euros mensuales. Pese a este panorama desalentador, el alivio llega con la posibilidad de aplazar el pago de impuestos como el IVA e IRPF, pudiendo diferir deudas hasta 50,000 euros sin necesidad de un aval, gracias a la ampliación de límites de aplazamiento efectuada en años recientes.
En paralelo, el Gobierno ha implementado nuevas medidas de control para prevenir el fraude fiscal entre los autónomos. A partir de enero, se exige un informe mensual sobre las transacciones financieras de estos trabajadores, marcando un aumento en el nivel de vigilancia respecto a los movimientos económicos, una medida previamente llevada a cabo de manera anual. Esta serie de normativas refleja un interés por asegurar un cumplimiento fiscal más riguroso mientras se mantiene un debate sobre la carga impositiva que recae sobre cerca de 3.3 millones de autónomos en el país. Sin embargo, la opción de aplazar los impuestos ofrece un respiro en cuanto a la gestión financiera personal en tiempos de ajustes económicos significativos.
Leer noticia completa en OK Diario.
