La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su descontento respecto a la medalla al mérito de la Guardia Civil otorgada a Víctor de Aldama en 2022, argumentando que retirarla es imposible bajo la legislación actual. La organización ha criticado la falta de transparencia y ha calificado el proceso de concesión de estas distinciones como un «mercadeo», ya que se realizan sin la participación de los agentes y favorecen a personas ajenas al cuerpo, como empresarios y políticos. Han instado al Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, a reconocer esta situación y han solicitado una revisión urgente de la normativa para que la concesión de medallas a personas ajenas al cuerpo sea excepcional, citando el caso de Aldama como un claro ejemplo de la necesidad de este cambio.
El Ministerio del Interior ha declarado que está considerando la revocación de la medalla de Aldama, pero ha reconocido que su retirada efectiva solo podría hacerse tras una condena firme, si es que llega a ser procesado. Esta medida se estudia después de que Aldama saliera de la cárcel de Soto del Real tras admitir haber pagado comisiones a dirigentes socialistas en el caso Koldo y afirmar que había colaborado con la UCE2, la unidad de información antiterrorista de la Guardia Civil. La situación ha aumentado el debate sobre los criterios y la legitimidad de las condecoraciones otorgadas a individuos no pertenecientes a la Guardia Civil.
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