Un jurado popular en Dakota del Norte ha fallado a favor de la empresa de oleoductos Energy Transfer en una demanda contra Greenpeace, declarando a la organización ecologista responsable de difamación, allanamiento y otras acusaciones relacionadas con las protestas contra el oleoducto Dakota Access. La sentencia obliga a Greenpeace Internacional, Greenpeace USA y Greenpeace Fund a indemnizar a Energy Transfer con más de 660 millones de dólares por los daños sufridos durante las manifestaciones de 2016 y 2017. El fallo representa un duro golpe financiero que amenaza la continuidad de las operaciones de Greenpeace en Estados Unidos, quien anunció que apelará la decisión. Las manifestaciones, que buscaban detener la construcción de un oleoducto que atraviesa áreas cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, fueron objeto de controversia debido a las alegaciones de que Greenpeace pagó a los manifestantes y difundió falsedades sobre el proyecto.
Greenpeace ha mostrado su disconformidad con el fallo, argumentando que se trata de un ataque a la libertad de expresión y reiterando su compromiso con las protestas pacíficas. Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional, aseguró que la lucha contra las grandes petroleras continuará, mientras que Energy Transfer celebra el veredicto como una victoria que subraya la diferencia entre el derecho a la libre expresión y la violación de la ley. Previo al dictamen, Greenpeace había iniciado acciones legales contra Energy Transfer en los Países Bajos por intimidación, en un intento por parar casos jurídicos percibidos como herramientas para acosar a las organizaciones de la sociedad civil. Mientras tanto, el contexto político en Estados Unidos, en el que destacadas figuras del sector energético han mantenido reuniones con el presidente, añade una capa de complejidad a la situación de disenso sobre el futuro energético y ambiental del país.
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