Las inundaciones en el departamento de Córdoba, ubicado en el norte de Colombia, han dejado al menos 120.000 personas damnificadas, afectando al 80% del área, según declaró el gobernador Erasmo Zuleta. Las precipitaciones, intensificadas por un nuevo frente frío en el Caribe, han aumentado hasta un 1.600% en una región conocida por su clima seco en febrero, lo que ha desencadenado una crisis sin precedentes. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) notificó la muerte de cinco personas y que cerca de 40.000 hectáreas están bajo el agua. Ante esta emergencia, el Gobierno de Gustavo Petro ha convocado un Consejo de Ministros en Montería para evaluar medidas, incluida la posible declaración de una emergencia económica en la zona.
A las condiciones climáticas se suma la controversia por la hidroeléctrica de Urrá, señalada por el presidente Petro y la precandidata presidencial Claudia López como un factor que ha exacerbado la situación al estar sobresaturada y desbordarse. Mientras el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, destacó la imposibilidad de prever precipitaciones de tal magnitud, también indicó que habrá investigaciones para evaluar posibles irregularidades en la gestión de la represa. Tanto Carillo como el gobernador Zuleta han enfatizado la necesidad de enfocarse en la ayuda inmediata para los afectados, dejando de lado por el momento los debates sobre las causas estructurales del desastre. Las obras históricas de canalización en la región, destinadas a controlar el flujo de los ríos Sinú y San Jorge, han demostrado ser insuficientes ante un fenómeno climatológico de esta magnitud.
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