El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, participó este miércoles en el Foro de Internet de la Unión Europea en Bruselas, donde abordó la necesidad de fortalecer las medidas para hacer frente a la rápida expansión de mensajes violentos y xenófobos en el entorno digital. Durante su intervención, subrayó el respaldo de su país a la adopción del Protocolo de Crisis Online de la UE, una herramienta diseñada para activar respuestas coordinadas ante contenidos que puedan derivar en situaciones de crisis o violencia.
Grande-Marlaska insistió en la importancia de la “anticipación y prevención” como estrategias clave para reducir el impacto de estos contenidos y evitar que puedan derivar en procesos de radicalización. Como ejemplo de la efectividad de estas medidas, mencionó el caso registrado en 2025 en Torrepacheco, Murcia, donde la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y de las plataformas digitales permitió contener una llamada a la violencia contra migrantes. En aquella ocasión, el canal de Telegram «Deport Them Now Spain» fue eliminado en tiempo récord por vulnerar las políticas de la plataforma, y uno de los líderes del movimiento fue detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro resaltó que la cooperación entre los organismos estatales y las plataformas digitales es fundamental en la lucha contra la incitación a la violencia y la radicalización en línea. Explicó que el trabajo conjunto ha sido efectivo en el pasado y que, en el caso de la eliminación del canal mencionado, la coordinación permitió contener una posible escalada de violencia.
Durante el foro, también se abordó la necesidad de que los países de la Unión Europea desarrollen herramientas específicas para adaptarse mejor al entorno digital. Grande-Marlaska hizo un llamamiento a la colaboración público-privada, puesto que los ecosistemas en línea en los que se propaga el discurso extremista son cada vez más complejos y dinámicos. “No solo retransmitimos atentados, sino que nos enfrentamos a una red de contenidos terroristas, extremismo violento y desinformación que se amplifica con enorme rapidez”, advirtió.
El Foro de Internet de la UE, que nació en 2015 para fomentar la cooperación contra el contenido terrorista en plataformas digitales, reforzó en 2019 el Protocolo de Crisis Online tras el atentado de Christchurch en Nueva Zelanda. Dicho protocolo permite activar respuestas coordinadas en caso de amenazas o atentados con potencial de viralización, facilitando la retirada de contenidos peligrosos y evitando su propagación. Hasta ahora, solo ha sido utilizado en una ocasión, tras el asesinato del profesor Samuel Paty en Francia en 2020, escenario en el que se logró una acción rápida y eficaz.
El evento también dedicó espacio a la protección de los menores frente a la exposición al terrorismo y el extremismo en línea. España ha liderado esfuerzos en esta área, con herramientas preventivas en el ámbito educativo. En 2025, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) notificó más de 5.000 contenidos terroristas y extremistas a más de 100 plataformas, muchas de ellas vinculadas a entornos de juegos en línea, logrando que estas páginas eliminaran rápidamente los contenidos inapropiados en cooperación con las plataformas.
Asimismo, se abordó la problemática del antisemitismo y el odio antimusulmán en el entorno digital, fenómenos que están en ascenso y que representan un riesgo para la cohesión social y los derechos fundamentales. Grande-Marlaska condenó firmemente estas manifestaciones y afirmó que actúan como posibles vectores de radicalización violenta. En línea con ello, anunció la participación de España en acciones europeas dirigidas a detectar y sancionar materiales en plataformas de juego online que contienen mensajes antisemitas y de odio contra comunidades musulmanas, materiales que superan los límites del discurso protegido según la legislación vigente en Europa.
El ministro finalizó señalando que la respuesta europea frente a estos retos debe ser cada vez más coordinada y efectiva, reforzando la cooperación entre Estados y plataformas digitales para proteger a la ciudadanía y preservar los derechos fundamentales en el entorno digital.
Fuente: Ministerio del Interior
