Google, uno de los gigantes indiscutidos de la tecnología, ha decidido plantarse ante la Unión Europea al rechazar de manera tajante la futura ley de verificación de datos impulsada por Bruselas. Esta normativa busca poner fin a la creciente ola de desinformación que circula por el ecosistema digital, sin embargo, el rechazo del titán de Silicon Valley augura un enfrentamiento de alto calibre entre ambos lados del Atlántico.
Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, es quien firma la carta en la que se detalla la postura de la empresa. Según un documento al que Axios tuvo acceso, Walker declara que Google no implementará los propuestos sistemas de verificación de hechos en servicios clave como su motor de búsqueda o plataformas audiovisuales como YouTube. Esto se traduce en una contravención directa a las exigencias de la ley europea, que Google considera inadecuadas e ineficaces para sus operaciones.
El ejecutivo destaca la eficacia de las herramientas actuales que Google emplea, como las etiquetas para contenidos generados por inteligencia artificial y las notas de contexto en YouTube, las cuales han sido probadas durante las elecciones de 2024 en diferentes regiones, según la compañía. Estas medidas son, a juicio de Google, más efectivas que las obligaciones planteadas por Bruselas.
La ley de verificación de datos es parte de un paquete regulatorio más amplio llamado Ley de Servicios Digitales (DSA) que pretende incrementar la transparencia y la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas. Originalmente diseñado como recomendaciones bajo el Código de Prácticas sobre Desinformación en 2018, este conjunto de normas ahora se presenta como mandatorio para las compañías que operan en territorio europeo.
Entre sus requisitos más destacados se encuentran la implementación de sistemas de verificación de hechos, la clasificación y eliminación de contenido engañoso, así como la obligación de informar tanto a usuarios como a autoridades sobre las prácticas de moderación y garantizar la transparencia de sus algoritmos.
A esta falta de conformidad por parte de Google se suman críticas de otras grandes tecnológicas como Meta y X (anteriormente conocida como Twitter). Estas empresas han preferido desarrollar sus mecanismos alternativos de moderación, destacando el uso de herramientas colaborativas como las Notas de la Comunidad.
La negativa de Google llega en un momento de incremento en las tensiones políticas, agravadas por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que podría interpretarse como un respaldo implícito para las grandes tecnológicas a desafiar regulaciones externas. En este contexto, Google ha reiterado que sus métodos de control de contenido, diseñados internamente, prevalecerán sobre las directrices exigidas por Bruselas.
Las consecuencias podrían ser significativas. La Comisión Europea ha dejado claro que está dispuesta a aplicar sanciones si las disposiciones de la ley son ignoradas. Frente a esta postura, Google reafirma su compromiso con el desarrollo de sus herramientas de moderación, aunque sin ceder a los requerimientos específicos de la nueva normativa.
Este desajuste entre las expectativas de Bruselas y las posiciones de un gigante como Google podría determinar el rumbo futuro de las relaciones entre las grandes plataformas tecnológicas y los organismos reguladores. En un mundo cada vez más preocupado por la desinformación y la transparencia, esta disputa podría ser un precedente importante sobre cómo las grandes empresas tecnológicas interactúan con las normas internacionales.
