El Consejo Territorial de Derechos Sociales se reunió este jueves en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), donde el Ministerio de Derechos Sociales presentó a las consejerías autonómicas una histórica propuesta de reparto para el nivel acordado de financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Con Pablo Bustinduy al frente, el Gobierno ha asegurado una inversión sin precedentes de más de 783 millones de euros para este año 2025, marcando el tercer año consecutivo de cifras récord en esta categoría.
Desde su recuperación en 2021 con una aportación inicial de 283 millones de euros, el nivel acordado ha experimentado un crecimiento continuo, casi triplicando su dotación actual. Esta expansión es parte de un esfuerzo sostenido por fortalecer la financiación de la Dependencia en España, un compromiso revitalizado tras la eliminación de este nivel en 2012 debido a recortes presupuestarios.
El reparto de la inversión seguirá criterios técnicos y demográficos establecidos en el Plan de Choque de 2021. Se distribuirá en cuatro fondos específicos que reflejan diferentes prioridades: estructura, gestión, cumplimiento de objetivos y criterios comunes de calidad. Estos fondos asignarán cuantías específicas a las comunidades autónomas, basándose en indicadores de desempeño y necesidades territoriales.
Además del avance en la financiación de la Dependencia, el Consejo alcanzó un preacuerdo importante sobre la distribución de las subvenciones del 0,7%, que provienen de la casilla para fines sociales de la Declaración de la Renta y de aportes empresariales. Para 2025, estas ayudas superarán los 375 millones de euros, con un significativo aumento derivado del impuesto empresarial. Las subvenciones apoyan a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión social, y su distribución se basa en la capacidad de gestión e implantación territorial de estas entidades.
Esta propuesta será ahora revisada por el Consejo de Ministros y, tras su aprobación, deberá ser ratificada por el Consejo Territorial. El compromiso demostrado por el Ministerio de Derechos Sociales y las consejerías autonómicas reafirma el papel central de la financiación pública en la mejora de los servicios de atención a personas en situación de dependencia y en la lucha contra la exclusión social en todo el país.
Fuente: Ministerio de Consumo
