El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha generado preocupación tras emitir una orden que solicita a los directores de las agencias estatales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que entreguen sus datos. Esta directiva, enmarcada dentro de la Orden Ejecutiva 14243 de la administración Trump, busca un acceso sin restricciones a los datos de todos los programas estatales que reciben financiación federal. Aunque la premisa oficial es la reducción del fraude, la redacción ambigua de la orden permite casi cualquier tipo de intercambio de información, lo que podría vulnerar prácticas consagradas de privacidad y aumentar los riesgos para los beneficiarios.
Frente a esta situación, grupos de beneficiarios del SNAP y organizaciones han decidido emprender acciones legales para bloquear el cumplimiento de esta medida. Además, el estado de Nuevo México se ha negado a acatar la orden, citando preocupaciones sobre su legalidad.
Aunque el gobierno federal ha guardado silencio respecto al uso futuro de esta información, existen temores fundados de que los datos puedan ser compartidos con autoridades de inmigración u otros organismos de aplicación de la ley. Esto es especialmente alarmante para poblaciones vulnerables, como solicitantes de asilo y víctimas de trata, que son elegibles para el SNAP.
El respeto a la privacidad es esencial en programas gubernamentales que proveen apoyo vital a aquellos en necesidad. El SNAP, específicamente, asiste a personas que requieren ayuda para adquirir alimentos, una necesidad básica y fundamental. Sin embargo, el temor a represalias y el uso indebido de datos, como la información migratoria de los hogares, desalienta a muchos de inscribirse, incluso cuando son elegibles.
Desalentar la inscripción en SNAP contradice sus objetivos de reducir la inseguridad alimentaria, mejorar la salud pública y beneficiar a las economías locales. Esta situación resalta las crecientes preocupaciones sobre los derechos digitales en el contexto de la recolección de datos gubernamentales. Es vital que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos asegure que los programas diseñados para proveer recursos alimenticios no se conviertan en una herramienta perjudicial para aquellos a quienes están destinados a ayudar.
