Gobierno español transfiere a Galicia el control de la ordenación y gestión del litoral

En un significativo gesto de colaboración interadministrativa, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, expresó su agradecimiento hacia el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por la buena voluntad demostrada en el diálogo que ha permitido formalizar el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia. Este avance se materializa en la 44º Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia, celebrada en el emblemático Palacio Raxoi, y representa un paso adelante en la gestión y ordenación del litoral gallego, efectivizándose a partir del 1 de julio.

Torres enfatizó la importancia de esta transferencia al recordar que desde el 2008 no se había producido un acto similar en Galicia, subrayando el impacto positivo del diálogo entre ambas administraciones. “Un mayor autogobierno redunda en la mejora de los servicios a la ciudadanía”, afirmó el ministro, destacando que este acuerdo se enmarca en un contexto de confianza plena en el modelo de Estado de las autonomías, en línea con las transferencias realizadas a otros territorios.

Entre las atribuciones transferidas a la comunidad gallega figuran la gestión de autorizaciones para usos de temporada en playas y mar territorial, así como tareas de vigilancia y sanción. Sin embargo, la Administración del Estado se reserva ciertas competencias, como la determinación de cánones por el uso del dominio público marítimo-terrestre y la potestad sancionadora en casos justificados por interés general.

El coste efectivo de esta transferencia supera los 1,2 millones de euros y prevé el establecimiento de mecanismos de cooperación entre las autoridades autonómicas y estatales en la planificación de infraestructuras de transporte y puertos, así como sobre el impacto y normativas relativas al litoral.

En términos más amplios, Torres señaló que el Gobierno de España continuará fomentando el diálogo con todas las Comunidades Autónomas, una dinámica que ha logrado reducir la conflictividad legal un 69% con respecto a la administración anterior, potenciando el modelo de colaboración mediante el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este enfoque ha permitido cerrar 306 acuerdos desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez, con 56 de estos pactos alcanzados en el último año y medio.

En el ámbito económico, la cartera de Torres ha gestionado ayudas por 1,6 millones de euros para la reparación de infraestructuras municipales gallegas afectadas por catástrofes, así como 23,4 millones de euros destinados a la modernización digital de las entidades locales, reflejando un compromiso sostenido con el desarrollo regional y la descentralización efectiva de competencias.

Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.

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