Desde este jueves 29 de mayo, las empresas colombianas deberán aportar un mayor porcentaje a la retención en la fuente tras la promulgación del decreto 0572 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda. Esta medida busca adelantar el cobro del impuesto de renta de 2026 a 2025 para paliar el significativo déficit fiscal del país, que alcanza casi el 7% del PIB. Economistas han mostrado preocupación, señalando que la medida es temporal y no soluciona el problema de fondo, poniendo en aprietos a varias empresas. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, expresó su inquietud, describiéndola como «pan para hoy… y hambre para mañana». Esta decisión surge en un contexto donde el gobierno busca evitar una nueva reforma tributaria, y el recién nombrado ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, emprende su primera gran acción financiera.
El estudio realizado por el ministerio determinó un incremento de la retención según la actividad económica, afectando más a sectores como el del gas, oro y energía eléctrica, que registrarán un aumento del 4,5%. Otros sectores, como servicios de reparación, peluquería, actividades artísticas y educativas, verán un incremento del 3,5%. Este ajuste ha generado críticas, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas, que aseguraron que la medida afectará su flujo de caja y podrían enfrentar dificultades financieras, teniendo que recurrir a créditos o recortes de personal. La retención en la fuente garantiza al Estado un flujo constante de recursos, pero críticos como José Ignacio López, del Centro de Estudios Económicos ANIF, cuestionan sus fundamentos jurídicos y económicos, viendo en su implementación un intento apresurado del gobierno por solventar necesidades fiscales inmediatas a expensas de las finanzas futuras.
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